La respuesta no está en encontrar necesariamente una única prueba que “demuestre la inocencia”.
En un procedimiento penal, la defensa puede utilizar diferentes elementos para cuestionar los hechos que se atribuyen al acusado, analizar la credibilidad de las versiones existentes y comprobar si la prueba de cargo es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.
En muchos procedimientos por delitos sexuales, además, no existen testigos directos de lo ocurrido. Por eso adquieren especial importancia las comunicaciones entre las personas implicadas, los testimonios de terceros, los informes médicos o psicológicos, los datos digitales y, sobre todo, el análisis conjunto de todas las circunstancias del caso.
¿Qué pruebas puede utilizar una defensa?
No existe una lista cerrada de pruebas que sirvan para defender una acusación por agresión sexual.
Cada procedimiento es diferente y la utilidad de una determinada prueba dependerá de qué hechos se pretenda acreditar o cuestionar.
Entre las más habituales pueden encontrarse:
- Mensajes de WhatsApp, SMS, correos electrónicos u otras comunicaciones.
- Fotografías, vídeos o grabaciones que puedan ser legalmente aportados al procedimiento.
- Testigos que hayan tenido conocimiento de circunstancias relevantes.
- Informes médicos.
- Informes psicológicos o periciales cuando sean pertinentes.
- Datos de localización o desplazamientos, cuando puedan obtenerse legalmente.
- Comunicaciones realizadas antes o después de los hechos.
- Documentación que permita comprobar fechas, horarios o lugares.
- Declaraciones de las personas implicadas.
- Periciales sobre dispositivos electrónicos o información digital.
- Cualquier otro elemento obtenido de forma válida que pueda aportar información relevante sobre los hechos.
La clave no está en acumular pruebas sin más.
Está en determinar qué demuestra realmente cada una y qué relación tiene con los hechos que deben probarse.
Los mensajes de WhatsApp pueden ser importantes
En este tipo de procedimientos, las conversaciones entre las personas implicadas pueden tener especial relevancia.
Un mensaje puede ayudar a conocer qué relación existía entre las partes, qué ocurrió antes o después del encuentro, qué se comunicaron posteriormente o si existen elementos que contradicen alguna de las versiones ofrecidas durante el procedimiento.
Pero hay una cuestión importante:
un mensaje aislado rara vez explica por sí mismo toda una situación.
No es lo mismo presentar una captura de pantalla de una frase que aportar una conversación completa y poder acreditar su origen, integridad y contexto.
Por eso, la defensa debe analizar también cómo se ha obtenido la conversación y si puede comprobarse su autenticidad.
El Tribunal Supremo ha señalado recientemente que el hecho de que unos “pantallazos” puedan ser manipulados no significa automáticamente que sea imprescindible una pericial informática para acreditar su autenticidad. Lo relevante es valorar el conjunto de las pruebas disponibles y permitir que las partes puedan discutir su autenticidad, procedencia y contenido. STS 3272/2025, de 30 de junio.
Esto tiene una consecuencia práctica importante: no basta con enseñar un mensaje; hay que analizar qué puede demostrar realmente y con qué garantías puede incorporarse al procedimiento.
¿Y si existen conversaciones que parecen contradecir la denuncia?
Puede ser relevante.
Imaginemos que después de los hechos denunciados existen mensajes entre las dos personas y que alguna de las comunicaciones parece incompatible con determinados aspectos de la denuncia.
Eso no significa automáticamente que la acusación sea falsa.
Pero sí puede ser un elemento que la defensa deba estudiar.
Lo importante será determinar:
- qué se dijo exactamente;
- cuándo se dijo;
- quién lo dijo;
- qué ocurrió antes y después;
- si la conversación está completa;
- si existen otros mensajes relacionados;
- y qué relación tiene esa comunicación con los hechos investigados.
Una conversación puede adquirir un significado muy diferente cuando se analiza completa y dentro de su contexto.
Los testigos no tienen que haber presenciado necesariamente la agresión
En los delitos sexuales es habitual que no existan testigos directos.
Eso no significa que los testimonios de otras personas carezcan de utilidad.
Por ejemplo, una persona puede haber visto a las partes antes de los hechos, haber hablado con alguna de ellas inmediatamente después o conocer determinadas circunstancias relevantes sobre la relación entre ambas.
Estos testimonios no necesariamente demuestran por sí mismos qué ocurrió dentro de una habitación o en un lugar privado.
Pero pueden aportar información que permita al tribunal valorar otras pruebas.
La defensa debe diferenciar, por tanto, entre un testigo directo de los hechos y un testigo que aporta información sobre circunstancias relacionadas con ellos.
Los informes médicos también deben analizarse con cuidado
Un informe médico puede ser una prueba importante, especialmente cuando documenta lesiones u otros hallazgos compatibles con determinados hechos.
Pero tampoco debe interpretarse de forma automática.
La existencia de una lesión no determina por sí sola quién la produjo ni todas las circunstancias en las que se produjo.
Y la ausencia de lesiones tampoco significa necesariamente que una agresión sexual no haya ocurrido.
Por eso, cuando existe documentación médica, la cuestión para la defensa será analizar exactamente qué acredita el informe y qué conclusiones pueden extraerse de él, evitando atribuirle un alcance que realmente no tenga.
¿Qué ocurre con los informes psicológicos?
Los informes psicológicos pueden aparecer en determinados procedimientos y deben valorarse dentro de sus límites.
Una evaluación psicológica puede aportar información sobre determinadas circunstancias, pero no convierte automáticamente una declaración en verdadera o falsa ni sustituye la función del tribunal de valorar la prueba.
Por eso es importante conocer exactamente cuál es el objeto de una determinada pericial, qué metodología se ha utilizado y cuáles son sus conclusiones.
En un procedimiento penal, una prueba pericial debe analizarse por su contenido y por aquello que realmente permite acreditar.
Las contradicciones pueden ser relevantes
Una de las cuestiones que una defensa debe estudiar con especial atención es la evolución de las diferentes declaraciones.
Una persona puede haber declarado ante la Policía, posteriormente ante el juzgado y finalmente en el juicio.
Puede ser necesario comparar esas declaraciones.
Pero aquí también hay que evitar simplificaciones.
No toda diferencia es una contradicción relevante.
No tiene el mismo significado olvidar un detalle secundario que modificar sustancialmente una circunstancia esencial de los hechos.
Por eso, el análisis debe centrarse en las cuestiones importantes:
- ¿Ha cambiado la versión sobre el lugar?
- ¿Ha cambiado la versión sobre el momento?
- ¿Ha cambiado la versión sobre cómo sucedieron los hechos?
- ¿Existen diferencias respecto a circunstancias esenciales?
- ¿Las declaraciones posteriores incorporan hechos que antes no aparecían?
- ¿Existe alguna explicación para esas diferencias?
- ¿Hay otras pruebas que confirmen o contradigan esas versiones?
El Tribunal Supremo ha reiterado que, cuando la declaración de la víctima tiene un papel esencial como prueba de cargo, su valoración debe hacerse de forma racional y teniendo en cuenta el conjunto de las pruebas.
La prueba digital puede ir mucho más allá de WhatsApp
Hoy un procedimiento penal puede contener una cantidad importante de información digital.
Además de WhatsApp, pueden existir:
- Correos electrónicos.
- Mensajes de redes sociales.
- Fotografías.
- Vídeos.
- Registros de llamadas.
- Información de dispositivos.
- Datos de ubicación.
- Comunicaciones en aplicaciones.
- Archivos almacenados en teléfonos u ordenadores.
Todo ello puede resultar relevante dependiendo del caso.
Pero existe una segunda cuestión que muchas veces se olvida:
no toda información que existe en un teléfono puede utilizarse de cualquier manera.
Hay que analizar cómo se obtuvo, quién tuvo acceso a ella, si se respetaron los derechos fundamentales y cómo se incorporó al procedimiento.
La legalidad de la obtención de una prueba puede ser tan importante como su contenido.
¿Puede una prueba ser excluida por haberse obtenido ilegalmente?
Sí.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece mecanismos específicos para el control judicial de determinadas diligencias de investigación y de la obtención de pruebas.
Y el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando derechos o libertades fundamentales.
Esto puede adquirir especial importancia cuando el procedimiento contiene información procedente de teléfonos móviles, comunicaciones privadas, dispositivos electrónicos o determinadas actuaciones de investigación.
Por eso, una defensa penal no debería limitarse a preguntar:
“¿Qué pruebas tienen contra mí?”
También debería preguntar:
“¿Cómo se obtuvieron esas pruebas?”
La presunción de inocencia es el punto de partida
El artículo 24.2 de la Constitución Española reconoce el derecho fundamental a la presunción de inocencia.
Esto significa que una acusación no equivale a una condena.
Para condenar es necesaria una actividad probatoria de cargo suficiente y obtenida con las garantías correspondientes.
El Tribunal Supremo ha explicado que, cuando se analiza una posible vulneración de la presunción de inocencia, debe comprobarse, entre otras cuestiones, que exista material probatorio susceptible de valoración, que haya sido obtenido y practicado con las garantías necesarias y que permita inferir los hechos de manera racional.
Por eso, una defensa eficaz no consiste únicamente en aportar pruebas favorables al acusado.
También consiste en examinar críticamente las pruebas utilizadas por la acusación.
¿Qué ocurre cuando solo existen dos versiones diferentes?
Es uno de los escenarios más complejos.
Una persona sostiene que existió una agresión sexual.
La otra afirma que no ocurrió o que el encuentro fue consentido.
No existen testigos directos ni pruebas físicas concluyentes.
En estas situaciones, el tribunal tendrá que valorar las declaraciones y todos los elementos que puedan corroborarlas o cuestionarlas.
El Tribunal Supremo ha reconocido que el testimonio de la víctima puede constituir prueba de cargo, pero también ha señalado la especial importancia de analizar cuidadosamente su credibilidad y el conjunto de elementos probatorios cuando esa declaración tiene un peso esencial.
Por ejemplo, la STS 5159/2023, de 26 de octubre, recuerda la situación especialmente delicada que plantea para la presunción de inocencia que la única prueba de cargo sea la declaración de la víctima, y destaca la necesidad de una valoración rigurosa del testimonio.
Por tanto, en estos casos la defensa debe estudiar el procedimiento de manera global, no buscar únicamente una “prueba definitiva”.
Qué revisamos primero en ESYA Legal
Cuando una persona llega al despacho denunciada por una agresión sexual, una de las primeras tareas consiste en reconstruir el procedimiento desde el principio.
No se trata de buscar una respuesta estándar.
Analizamos qué se denuncia, qué declaró cada persona, qué pruebas existen, cuándo aparecieron, cómo se obtuvieron y qué relación tienen con los hechos que se están investigando.
También prestamos especial atención a las comunicaciones digitales, los posibles testigos, los informes existentes, la evolución de las declaraciones y cualquier circunstancia que pueda ser relevante para la defensa.
Y existe una cuestión que consideramos fundamental:
no todas las pruebas tienen el mismo valor ni sirven para demostrar lo mismo.
Un mensaje puede acreditar que dos personas hablaron, pero no necesariamente qué ocurrió durante un encuentro.
Un informe médico puede acreditar una lesión, pero no necesariamente quién la produjo.
Un testigo puede acreditar cómo encontró a una persona después de los hechos, pero no necesariamente qué ocurrió durante ellos.
Por eso, el trabajo de la defensa consiste también en poner cada prueba en su lugar y determinar qué puede acreditar realmente.
La defensa no consiste en demostrar una “inocencia absoluta”
En ocasiones se plantea la defensa como si el acusado tuviera que conseguir una prueba que demuestre que “nunca pudo ocurrir”.
No funciona así.
En un procedimiento penal, la cuestión fundamental es si existe prueba de cargo suficiente para acreditar los hechos objeto de acusación con las garantías exigibles.
La defensa puede actuar aportando pruebas propias, cuestionando las pruebas de la acusación, señalando contradicciones, solicitando determinadas diligencias o discutiendo la legalidad de una prueba cuando existan razones para ello.
Todo dependerá de las circunstancias concretas del procedimiento.
Referencias legales y jurisprudenciales
Artículo 24.2 de la Constitución Española
Reconoce, entre otros derechos fundamentales, la presunción de inocencia y el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa.
Artículo 178 del Código Penal
Regula el delito de agresión sexual y establece como elemento central la realización de actos que atenten contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento.
Artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
Establece que no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando derechos o libertades fundamentales.
Artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Establece las reglas sobre la valoración de las pruebas practicadas en el juicio oral y la formación de la convicción del tribunal.
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
Entre otras resoluciones, la STS 3272/2025, de 30 de junio, aborda el valor probatorio de mensajes y capturas de pantalla y la forma de valorar su autenticidad y contenido.
La STS 5159/2023, de 26 de octubre, analiza la presunción de inocencia en un supuesto en el que la declaración de la víctima constituye la principal prueba de cargo.
La jurisprudencia más reciente continúa señalando que, para considerar desvirtuada la presunción de inocencia, las pruebas deben ser válidas, estar revestidas de las garantías necesarias y permitir una inferencia racional sobre los hechos.
Preguntas frecuentes
¿Qué pruebas pueden utilizarse para defender una acusación por agresión sexual?
Pueden utilizarse, dependiendo del caso, mensajes, correos, fotografías, vídeos, testigos, informes médicos o periciales, datos digitales y cualquier otra prueba obtenida legalmente que pueda aportar información relevante sobre los hechos.
¿Los mensajes de WhatsApp pueden servir para defenderme?
Sí. Pueden ser relevantes para acreditar comunicaciones, contexto, fechas o determinados hechos. Su valor dependerá de su contenido, autenticidad, integridad y relación con el procedimiento.
¿Una contradicción en la denuncia puede ser importante?
Puede serlo, especialmente cuando afecta a aspectos esenciales de los hechos. No todas las diferencias tienen la misma importancia, por lo que deben analizarse dentro del conjunto de las declaraciones y pruebas.
¿Qué ocurre si la única prueba es la declaración de la denunciante?
La declaración de la víctima puede constituir prueba de cargo, pero debe ser valorada racionalmente y con respeto a la presunción de inocencia. La defensa puede analizar su contenido, evolución, coherencia y relación con el resto de las pruebas.
¿Puede cuestionarse una prueba obtenida del teléfono móvil?
Sí. Además de analizar el contenido, puede ser necesario estudiar cómo se obtuvo, si se respetaron los derechos fundamentales y cómo se incorporó al procedimiento.
En resumen
Sí existen diferentes pruebas que pueden utilizarse para defender una acusación por agresión sexual.
Pero no existe una prueba universal que sirva para todos los casos.
Una defensa penal rigurosa debe analizar el conjunto del procedimiento: declaraciones, mensajes, testigos, informes, pruebas digitales, circunstancias de los hechos y forma en que se obtuvieron las evidencias.
Porque en un procedimiento penal no solo importa qué prueba existe.
También importa qué demuestra, cómo se obtuvo y qué valor puede tener realmente.
Si te han denunciado por una agresión sexual
Una acusación penal puede tener consecuencias importantes. Por eso, si estás siendo investigado o acusado, es recomendable analizar el procedimiento desde sus primeras fases y conocer las pruebas existentes antes de tomar decisiones.
En ESYA Legal, despacho de abogados penalistas en Granada, estudiamos cada caso de forma individual y prestamos asistencia jurídica a clientes de Granada y de otros puntos de Andalucía.
