Recibir un producto que nunca llega, entregar dinero por una inversión que resulta ser ficticia o descubrir que alguien ha conseguido una transferencia mediante engaños son situaciones que pueden plantear una cuestión importante: ¿estamos ante un incumplimiento o ante un delito de estafa?
No todo engaño o pérdida económica constituye una estafa en sentido penal. Para que exista este delito, debe acreditarse una conducta engañosa suficientemente relevante, realizada con ánimo de lucro, que provoque un error en otra persona y la lleve a efectuar un acto de disposición patrimonial que le cause un perjuicio.
La diferencia es fundamental. Una deuda impagada o un contrato que no se cumple pueden tener consecuencias civiles, pero si desde el principio existía una estrategia para engañar y obtener un beneficio económico, los hechos podrían constituir un delito de estafa.
En este artículo explicamos qué requisitos exige el Código Penal, qué situaciones pueden dar lugar a una denuncia, qué pruebas conviene conservar y qué penas contempla la legislación española.
¿Qué es exactamente el delito de estafa?
El delito de estafa está regulado principalmente en los artículos 248 y siguientes del Código Penal.
El artículo 248 establece que cometen estafa quienes, con ánimo de lucro, utilizan un engaño bastante para producir error en otra persona, induciéndola a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.
Esta definición contiene varios elementos que deben concurrir para que pueda apreciarse el delito:
- Engaño: el autor realiza una conducta destinada a hacer creer a la víctima algo que no es cierto.
- Engaño bastante: la maniobra debe tener entidad suficiente para provocar el error en las circunstancias concretas del caso.
- Error de la víctima: la persona actúa porque cree que la información recibida es verdadera.
- Acto de disposición patrimonial: como consecuencia del engaño, entrega dinero, realiza una transferencia, firma una operación o dispone de algún bien.
- Perjuicio económico: la operación provoca un daño patrimonial propio o de un tercero.
- Ánimo de lucro: el autor actúa buscando obtener un beneficio económico para sí mismo o para otra persona.
No basta, por tanto, con demostrar que alguien ha perdido dinero o que otra persona no ha cumplido lo prometido. Es necesario analizar cómo se produjo la operación y si existió un engaño penalmente relevante.
¿Cuándo un engaño se convierte en delito de estafa?
La cuestión central suele estar en determinar si el engaño existía antes de que la víctima entregase el dinero o realizase la operación económica.
Imaginemos que una persona ofrece un vehículo de segunda mano, afirma que es de su propiedad y que se encuentra en perfectas condiciones, pero realmente no tiene intención de entregarlo y utiliza documentación o fotografías falsas para conseguir que el comprador adelante una cantidad.
Si se acreditan esos hechos y los demás elementos del tipo penal, podríamos encontrarnos ante una estafa.
La situación sería diferente si el vendedor tenía inicialmente intención de cumplir, pero posteriormente surgieron problemas que impidieron completar la operación. En ese supuesto, podría existir un incumplimiento contractual, pero no necesariamente un delito.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo viene destacando la importancia de que el engaño sea antecedente o concurrente a la operación patrimonial y que exista una relación causal entre ese engaño y el perjuicio sufrido.
En este sentido, la STS 341/2020, de 22 de junio, recoge que el engaño debe actuar como factor antecedente y causal del error y de las consecuencias económicas producidas.
Por eso, para valorar una posible estafa no basta con examinar el resultado final. Hay que reconstruir lo ocurrido desde el primer contacto entre las partes: qué se ofreció, qué información se facilitó, qué se ocultó y qué sabía realmente la persona que recibió el dinero.
¿Qué diferencia hay entre una estafa y un simple incumplimiento contractual?
Es una de las dudas más habituales en los conflictos económicos.
La diferencia no depende únicamente de que una persona haya pagado y no haya recibido lo acordado. Lo determinante es si existió un engaño con relevancia penal que provocó la entrega del dinero o la disposición patrimonial.
Por ejemplo:
Posible incumplimiento contractual:
Una empresa recibe un anticipo para realizar una reforma. Comienza los trabajos, pero atraviesa dificultades económicas, incumple los plazos y finalmente no termina la obra. Aunque pueda existir responsabilidad contractual y obligación de indemnizar, esos hechos no demuestran por sí solos que existiera una estafa.
Posible delito de estafa:
Una persona se presenta como representante de una empresa, ofrece una reforma que nunca tuvo intención de realizar, utiliza documentación falsa para aparentar solvencia y consigue que varios clientes entreguen anticipos que después hace suyos.
En este segundo supuesto existen indicios que podrían apuntar a un engaño previo dirigido a obtener un beneficio económico.
La distinción es importante porque el Derecho penal no debe utilizarse como una vía automática para reclamar cualquier deuda o resolver cualquier conflicto contractual. Sin embargo, tampoco debe descartarse una posible estafa simplemente porque las partes firmaron un contrato o porque la operación tenía apariencia de negocio legítimo.
¿Qué tipos de estafa contempla el Código Penal?
La estafa puede adoptar diferentes formas. Algunas se producen mediante engaños personales y otras utilizan mecanismos tecnológicos, operaciones financieras o documentos falsos.
Entre las situaciones más habituales encontramos:
1. Estafas en compraventas y operaciones comerciales
Se producen cuando alguien ofrece un producto o servicio mediante información falsa, oculta circunstancias esenciales o simula una operación para conseguir que otra persona entregue dinero.
Pueden darse en compraventas de vehículos, inmuebles, maquinaria, productos de segunda mano o servicios profesionales.
2. Estafas por internet y medios digitales
Las nuevas tecnologías han facilitado modalidades de fraude en las que se utilizan páginas web falsas, perfiles suplantados, anuncios ficticios o mensajes que imitan comunicaciones de entidades legítimas.
También pueden producirse mediante la manipulación informática o mecanismos destinados a conseguir transferencias no consentidas.
El artículo 249 del Código Penal contempla distintas modalidades de estafa informática y determinadas operaciones fraudulentas realizadas mediante tarjetas, instrumentos de pago o sus datos.
3. Estafas relacionadas con inversiones
Una persona puede ofrecer una supuesta oportunidad de inversión, garantizar rendimientos inexistentes o utilizar información falsa sobre una empresa o un proyecto para conseguir aportaciones económicas.
No toda inversión fallida es una estafa. El riesgo propio de una operación financiera no equivale a engaño penal. Habrá que analizar si se falseó deliberadamente la información o si el proyecto era una mera apariencia para captar dinero.
4. Estafas mediante suplantación de identidad
En estos casos, el autor se hace pasar por otra persona, empresa, profesional o entidad para generar confianza y conseguir una entrega de dinero o una operación patrimonial.
Puede suceder mediante correos electrónicos, llamadas telefónicas, aplicaciones de mensajería o perfiles falsos en redes sociales.
5. Estafas inmobiliarias
También pueden existir conductas penalmente relevantes cuando alguien vende o alquila un inmueble ocultando deliberadamente información esencial, simula tener facultades para disponer de él o realiza determinadas operaciones fraudulentas sobre el mismo.
El artículo 251 del Código Penal regula algunas modalidades específicas de estafa, como disponer de un bien atribuyéndose facultades que realmente no se tienen, ocultar cargas o celebrar contratos simulados en perjuicio de otra persona.
¿Qué pruebas se necesitan para demostrar una estafa?
La prueba es uno de los aspectos más importantes de cualquier procedimiento penal por estafa.
No siempre existe un documento que demuestre directamente el engaño. En muchas ocasiones, la investigación debe reconstruir la operación a partir de diferentes indicios y elementos probatorios.
Entre las pruebas que pueden resultar relevantes se encuentran:
- Transferencias bancarias y justificantes de pago: permiten acreditar la entrega del dinero, identificar cuentas receptoras y reconstruir los movimientos económicos.
- Conversaciones de WhatsApp y correos electrónicos: pueden demostrar qué ofreció el investigado, qué información facilitó y qué compromisos asumió.
- Contratos, presupuestos y facturas: ayudan a determinar las condiciones de la operación y las posibles diferencias entre lo prometido y la realidad.
- Documentación falsa o manipulada: puede ser especialmente relevante cuando se ha utilizado para generar confianza o aparentar una situación inexistente.
- Testigos: pueden aportar información sobre reuniones, negociaciones, promesas o circunstancias de la operación.
- Informes periciales: en determinados casos permiten analizar documentos, operaciones bancarias, comunicaciones digitales o movimientos patrimoniales.
También puede ser necesario solicitar información a entidades bancarias, plataformas digitales u otras empresas para identificar a los responsables y seguir el recorrido del dinero.
La valoración de estas pruebas debe realizarse de forma conjunta. Una transferencia acredita que se entregó una cantidad, pero no demuestra por sí sola que existiera una estafa. Del mismo modo, una conversación aislada puede no reflejar el contexto completo de una negociación.
¿Qué penas tiene el delito de estafa en España?
Las penas dependen de la cuantía defraudada, de la gravedad de los hechos y de si concurren circunstancias agravantes.
El artículo 248 del Código Penal establece para la estafa básica una pena de prisión de seis meses a tres años. Cuando la cuantía de lo defraudado no excede de 400 euros, se contempla una pena de multa de uno a tres meses.
Es importante aclarar que una estafa de menos de 400 euros no queda automáticamente fuera del ámbito penal: puede constituir un delito leve de estafa.
Por su parte, el artículo 250 regula diferentes supuestos de estafa agravada. Entre ellos se encuentran:
- Que la defraudación recaiga sobre bienes de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social.
- Que se produzca abusando de la firma de otra persona o mediante determinadas conductas sobre documentos públicos u oficiales.
- Que afecte al patrimonio artístico, histórico, cultural o científico.
- Que revista especial gravedad por el perjuicio causado y la situación económica en la que quede la víctima o su familia.
- Que el valor de la defraudación supere los 50.000 euros o afecte a un elevado número de personas.
- Que se cometa abusando de relaciones personales existentes o aprovechando la credibilidad empresarial o profesional.
- Que se trate de una estafa procesal.
En los supuestos agravados previstos en el apartado primero del artículo 250, la pena puede alcanzar de uno a seis años de prisión y multa de seis a doce meses. Cuando concurren determinadas combinaciones de circunstancias especialmente graves, el apartado segundo contempla penas de cuatro a ocho años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses.
Por tanto, no debe valorarse la gravedad de una posible estafa únicamente por la cantidad de dinero. Las circunstancias de la operación y la situación de la víctima también pueden ser determinantes.
¿Se puede denunciar una estafa aunque no se conozca al responsable?
Sí. No es imprescindible conocer la identidad del autor para poner los hechos en conocimiento de las autoridades.
Si una persona ha sufrido una estafa a través de internet, una transferencia bancaria o una operación comercial, puede presentar una denuncia aportando toda la información disponible.
En estos casos resulta especialmente importante conservar:
- El número de cuenta o los datos del destinatario de la transferencia.
- Los teléfonos, correos electrónicos y perfiles utilizados.
- Las conversaciones y documentos intercambiados.
- Los anuncios o páginas web relacionados con la operación.
- Las fechas y cantidades de los pagos realizados.
La investigación podrá tratar de identificar a los responsables mediante las diligencias correspondientes.
Además, si se ha realizado una transferencia bancaria fraudulenta, conviene contactar cuanto antes con la entidad financiera para comunicar la operación y solicitar información sobre las posibilidades de actuación. La denuncia penal y la comunicación al banco son actuaciones distintas y una no sustituye necesariamente a la otra.
¿Qué hacer si has sido víctima de una estafa?
Si sospechas que has sido víctima de un engaño económico, es recomendable actuar con rapidez y evitar perder información que pueda ser importante para la investigación.
Algunas actuaciones iniciales pueden marcar la diferencia:
1. Conserva todas las pruebas. No elimines conversaciones, correos, justificantes bancarios ni documentos relacionados con la operación.
2. Ordena cronológicamente los hechos. Anota cuándo se produjo el primer contacto, qué se ofreció, cuándo entregaste el dinero y qué ocurrió después.
3. No realices nuevos pagos sin asesoramiento. En ocasiones, los responsables solicitan nuevas cantidades con excusas como gastos administrativos, impuestos o supuestos costes para recuperar el dinero.
4. Comunica el fraude a tu banco cuando exista una operación de pago. Hazlo cuanto antes y conserva el justificante de la reclamación.
5. Solicita asesoramiento jurídico. Un abogado penalista puede estudiar los hechos, valorar si existen indicios de delito, determinar qué documentación es relevante y orientar sobre la presentación de una denuncia o querella.
¿Por qué es importante contar con un abogado penalista en un procedimiento por estafa?
Un procedimiento por estafa puede presentar dificultades tanto para quien ha sufrido el perjuicio económico como para la persona que está siendo investigada.
Desde la posición de la víctima, es importante acreditar no solo que se ha perdido dinero, sino también cómo se produjo el engaño, qué relación tuvo con la entrega patrimonial y quién pudo intervenir en los hechos.
Desde la posición de una persona investigada, resulta esencial analizar si concurren realmente todos los elementos del delito, si existió intención de engañar desde el inicio y si las pruebas permiten atribuirle una participación penalmente relevante.
No todo incumplimiento es una estafa, del mismo modo que no toda operación aparentemente comercial está libre de responsabilidad penal.
La estrategia de defensa o acusación debe construirse a partir de las circunstancias concretas del caso y de un análisis riguroso de la documentación y de las pruebas disponibles.
Preguntas frecuentes sobre el delito de estafa
¿Si alguien me debe dinero y no me paga puedo denunciarle por estafa?
No necesariamente. El impago de una deuda no constituye por sí solo un delito de estafa. Para que exista responsabilidad penal debe acreditarse un engaño bastante, realizado con ánimo de lucro, que haya provocado la disposición patrimonial perjudicial. Si no existe ese engaño, el conflicto puede tener que resolverse por la vía civil.
¿Es delito estafar menos de 400 euros?
Sí. El Código Penal contempla el delito leve de estafa cuando la cuantía defraudada no excede de 400 euros, castigado con multa de uno a tres meses, salvo que concurran circunstancias que determinen otra calificación.
¿Puedo denunciar una estafa si entregué el dinero voluntariamente?
Sí. Que la víctima haya realizado voluntariamente una transferencia o entregado dinero no impide que pueda existir estafa. Precisamente, el engaño puede haber provocado que la persona realizase ese acto de disposición patrimonial creyendo que la operación era legítima.
¿Qué ocurre si el autor de la estafa devuelve el dinero?
La devolución del dinero puede tener relevancia en el procedimiento y en la responsabilidad civil o en la posible aplicación de determinadas circunstancias atenuantes, según el momento y las condiciones en que se produzca. Sin embargo, no elimina automáticamente el delito si este ya se había cometido.
¿Puedo recuperar el dinero perdido en una estafa?
La recuperación depende de las circunstancias del caso, de la identificación de los responsables, de su patrimonio y de las posibilidades de restitución o indemnización. La responsabilidad civil derivada del delito puede permitir reclamar la restitución de lo defraudado y, cuando proceda, la reparación de los daños y perjuicios.
¿Cuánto tiempo tengo para denunciar una estafa?
El plazo de prescripción depende de la modalidad delictiva y de la pena legalmente prevista. Como regla general, el artículo 131 del Código Penal establece un plazo de cinco años para los delitos cuya pena máxima sea inferior a diez años de prisión, aunque existen reglas específicas y circunstancias que pueden afectar al cómputo. Por eso, conviene analizar cada caso sin dejar transcurrir el tiempo.
Asesoramiento legal ante un posible delito de estafa
Cuando una persona descubre que ha entregado dinero como consecuencia de un engaño, es habitual que surjan dudas: si puede denunciar, qué pruebas necesita, si podrá recuperar las cantidades perdidas o qué consecuencias puede tener una investigación penal.
Cada situación requiere un análisis individual. La existencia de un perjuicio económico no determina por sí sola que exista delito, pero tampoco debe descartarse una posible estafa sin estudiar cómo se produjo la operación y qué información conocía cada una de las partes.
En ESYA Legal, el abogado Antonio Estella Aroza ofrece asesoramiento y defensa en procedimientos penales, tanto para personas que han sufrido una posible estafa como para quienes se enfrentan a una investigación o acusación por este delito.
Si necesitas estudiar un caso relacionado con una posible estafa, puedes consultar nuestro servicio de abogados penalistas y recibir asesoramiento sobre las opciones legales disponibles.
ESYA Legal – Defensa penal y asesoramiento jurídico.
